Ley de Caminos Públicos: una oportunidad perdida… y boicoteada

-El adelanto electoral ha tenido sus víctimas colaterales, y una de ellas ha sido la importante ley de caminos públicos. Y lo ha sido debido al incomprensible boicot del grupo parlamentario socialista, que ha retrasado los trámites parlamentarios a sabiendas de que en otoño se acabaría la legislatura. No estaban interesados en que se aprobara esta ley… y lo han conseguido.

Fuente: elsaltodiario.com   PUBLICADO 2018-10-23

JUAN CLAVERO
INTEGRANTE DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN


Apertura de una valla durante una marcha en defensa de los caminos públicosEsta ley tenía como objetivo reforzar la protección de los caminos públicos andaluces, que en el 90% de los municipios no están inventariados, y en gran parte están cerrados y usurpados. Caminos olvidados por los ayuntamientos que gracias a esta ley se facilitaría su inventariación y recuperación, y su inclusión en el patrimonio de las administraciones públicas. La falta de normativa sobre los caminos públicos ha facilitado su cierre, su usurpación, y la impunidad de quienes se han apropiado de este patrimonio público. Esta ley es necesaria y urgente.

Una de las peculiaridades novedosa de este proyecto de ley es que se haya redactado por acuerdo entre fuerzas políticas y sociales, lo que demuestra el valor de la colaboración ciudadana, que ha conseguido un impacto social y mediático que sin duda ha redundado en un aumento del compromiso social, en el respaldo a esta proposición de ley y en la defensa del patrimonio viario público.

Los aspectos de mayor relevancia de este proyecto de ley son: la inclusión de la red de caminos públicos como bienes de dominio público; el mandato a las administraciones titulares de conservar y recuperar estos caminos; el reconocimiento de la acción pública en su defensa y recuperación; o que las administraciones deben proceder a la inscripción registral y catastral de los caminos de su titularidad. De la máxima importancia es que se determine que la resolución de aprobación del deslinde declara la posesión y titularidad demanial a favor de la administración pública, y que será título suficiente para rectificar las situaciones registrales contradictorias con el deslinde, siendo tal resolución título bastante para que la administración proceda a la inmatriculación del bien de dominio público deslindado.

 Esta norma legal hubiera facilitado la recuperación del patrimonio público viario, pues de lo contrario, y es lo que pasa en la actualidad, los ayuntamientos tienen que ir a la vía judicial civil para demostrar camino a camino que son suyos, pues no basta el expediente administrativo que realicen. Se conseguirá así una mayor eficacia y celeridad en la recuperación de los caminos. También hay que valorar positivamente el estricto régimen sancionador, sin duda un elemento disuasorio de primera magnitud para disuadir a quienes pretendan cerrar y usurpar caminos. Usurpar hoy caminos públicos, es gratis.

El proyecto de ley fue consensuado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), el grupo parlamentario de Podemos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, aunque finalmente fue presentado por el grupo socialista, en una clara evidencia de su sectarismo y del intento de apropiarse de la misma. Dicha ley accedió a la tramitación urgente a principios de mayo, siendo aceptada por el Consejo de Gobierno y tomada en consideración por el Pleno del Parlamento ese mismo mes. Pero a partir de ahí el mismo grupo que presentó esta proposición de ley se dedicó a ralentizar su tramitación para que en caso de adelanto electoral, como así ha sucedido, no pudiera aprobarse. Si no, no se entiende que haya sido el grupo que más enmiendas ha presentado a su propia proposición de ley ¡¡85 en total!!, casi la mitad del total de las 189 presentadas por todos los grupos parlamentarios.

Algunas de estas enmiendas desvirtúan totalmente el contenido consensuado entre las entidades promotoras. Y no deja de ser incompresible esta maniobra dilatoria si se tiene en cuenta que en el grupo promotor de esta ley está la propia Junta de Andalucía, y que esta proposición fue apoyada desde un principio por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y por el mismo vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios, a los que el grupo socialista ha ninguneado.

En vez de aprovechar el trámite de comparecencias y de enmiendas para mejorar la ley en temas que quedaron confusos, como la clasificación y la titularidad de los caminos, PSOE, PP y Ciudadanos han tratado de desvirtuarla. Para dejar claro la titularidad de los caminos públicos, Ecologistas en Acción propuso que se adscriba a los Ayuntamientos la titularidad de aquellos caminos que discurran por un término municipal, y a las Diputaciones los que discurran por más de un término municipal. Esto, además, evitará confusión y conflictos de competencias.

Para empezar, en el periodo de solicitud de comparecientes en el Parlamento andaluz, el grupo socialista propuso como agentes sociales a algunas entidades -como la Confederación de Empresarios o ASAJA-, que están contra esta ley, coincidiendo con PP y Ciudadanos. Ninguno de estos tres grupos parlamentarios solicitó la comparecencia de las entidades que hemos defendido los caminos públicos e intervenido en la redacción de este proyecto de Ley. Al final pudimos comparecer en el Parlamento porque así lo requirieron los grupos de Podemos e IU.

También coincidieron estos tres grupos parlamentarios en apoyar las propuestas de algunas de estas organizaciones empresariales, anteponiendo el interés privado al interés general de recuperar un patrimonio público y al derecho de uso del mismo por toda la ciudadanía. Así, estos grupos coincidieron en dar prevalencia a la actividad cinegética sobre el derecho de paso por los caminos públicos, eliminar la acción subsidiaria de la CMAyOT en la recuperación de los caminos públicos, reducir la capacidad de adopción de medidas cautelares ante usurpaciones o actuaciones ilegales en caminos públicos, o limitar la acción pública.

Las enmiendas de PP y Ciudadanos fueron más allá, defendiendo directamente las propuestas de las organizaciones empresariales, las mismas que representan a los propietarios de fincas que tienen usurpados miles de kilómetros de caminos públicos, proponiendo la eliminación de artículos que son básicos para garantizar la recuperación de los caminos públicos. Especialmente grave y significativa es la propuesta de Ciudadanos de eliminar los artículos que facultan a las administraciones públicas a “la inscripción registral y catastral de aquellos caminos que sean de su titularidad” y “a recuperar de oficio la posesión de un bien demanial indebidamente perdido, con independencia del tiempo que haya sido ocupado o utilizado por particulares”. Ciudadanos ha pretendido darle primacía al Catastro sobre los bienes de dominio público, que según la Constitución son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Y para rematar la operación de obstrucción a la futura recuperación de caminos públicos, han planteado que la apertura de caminos puede tener naturaleza expropiatoria, y por tanto indemnizable. El colmo, ¡indemnizar a los usurpadores que han utilizado durante décadas los caminos públicos como bien privativo! Y todo esto lo proponen los que se definen fervientes constitucionalistas.

Todo muy lamentable, trabajo y esfuerzo de muchas personas, movilizaciones en defensa de caminos públicos… todo al cubo de la basura del Parlamento. Esperemos que con la nueva legislatura esta ley se tramite de nuevo, respetando los acuerdos entre la Junta de Andalucía, Podemos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos; y se apruebe lo antes posible para que puedan emprenderse las actuaciones necesarias para proteger, conservar y recuperar la inmensa y valiosa red de caminos públicos de Andalucía