Conclusiones de las X Jornadas de José María Nasarre

Autor: José María Nasarre (Asesor jurídico de la Federación Española de Montaña y Escalada)

X Jornadas en defensa de los Caminos Públicos Córdoba 2016Las Jornadas han tenido un alto nivel por las aportaciones realizadas, tanto desde el punto de vista técnico como de las experiencias mostradas y, en todo caso, desprenden un trabajo firme y cada vez más profundo y continuado en la reivindicación y recuperación de caminos públicos.

Las competencias son municipales, así que las experiencias van destinadas prioritariamente a la administración local, lo que dispersa las actuaciones al contar España con miles de municipios. De ser autonómicas, habría menos interlocutores.

Es preciso llevar siempre la iniciativa, ya que las administraciones locales sólo en contados casos adoptan medidas por su propia decisión para la defensa de los caminos públicos.

A los ayuntamientos hay que hacerles llegar que es preferible la regulación a la prohibición, por lo que hará falta comunicación, debate, estudios, información pública, antes de adoptar acuerdos acerca del tránsito por los caminos, dejando a salvo la aplicación directa de la normativa de régimen local.

Hay que procurar el diálogo con las administraciones y con otras organizaciones que representan intereses diversos pero que coinciden en su interés por los caminos. Pueden ser todo tipo de administraciones y organizaciones deportivas, conservacionistas, agrarias, patronales, etc.

Con lo expuesto en las Jornadas ya existe un patrimonio documental y experiencial común. Se han mostrado modelos de documentos, criterios de actuación, soluciones ante problemas concretos, etc., que pueden reproducirse en las actuaciones llevadas a cabo en todas las comunidades autónomas.

Es conveniente conservar la memoria de los testigos cuando se trata de personas de avanzada edad que pueden testificar para demostrar que un camino siempre fue público, siempre fue utilizado por la población local en sus desplazamientos.

Habría que hacer lo posible para que las comunidades autónomas realizasen estudios para valorar el impacto económico del senderismo en las zonas rurales y de este modo que se comprendiese la necesidad de tener abiertos y mantenidos los caminos públicos.