La PICP comparecence en el Parlamento Andaluz para dar su opinión sobre la Ley de Caminos que se está tramitando



Presentación

La PICP es una plataforma que agrupa a 20 organizaciones de toda España, 8 de ellas de Andalucía, además de numerosas personas a título individual, estando presentes en todas las provincias de Andalucía salvo Granada y Almería.

Una de estas asociaciones es la Plataforma A Desalambrar, de Córdoba, que lleva ya 17 años reclamando que se establezca un inventario de caminos públicos en Córdoba y que se recuperen los caminos públicos que se encuentran cerrados por particulares.

Introducción histórica

Pero este problema no es de ahora. Podemos citar estas normativas:

Vedo que se haga violencia para que uno no le sea lícito ir y conducir por vía pública o camino público.

Restituirás a su primer estado lo que hayas hecho o introducido en vía pública o en camino público.

Es del Derecho Romano, que ya se preocupaba por la usurpación de los caminos, con la institución del interdicto:

Cualquier ciudadano tenía el derecho de restituir los caminos a su estado, sin que hubiera una comprobación de la autoridad. Igualmente las administraciones, que aún poseen este derecho.

Dando un salto en el tiempo, en 1848:

Reglamento para la ejecución del Real decreto de conservación de caminos vecinales. 1848

Art. 2. Los alcaldes formarán desde luego un itinerario circunstanciado de todos los caminos de cualquier especie que crucen el término de sus pueblos.

Situación actual de la clasificación

Sin embargo, 170 años después, por ejemplo en el norte de Córdoba, de 28 municipios, solo 3 tienen aprobados el inventario de caminos, y ninguno está publicado en Internet por lo que no sirven para casi nada, prácticamente los tienen guardados en un cajón, porque no hacen nada para recuperar los muchos caminos que hay ese inventario.

En el Ayuntamiento de Córdoba en el año 2015 se aprobó un inventario de caminos que es incompleto, ya que se limita a reflejar uno existente en 1884, y además ahora se dan cuenta de que no sirve para llevar al Registro de la Propiedad los caminos, por lo que hay que volver a rehacerlo.

Problemática general

Por toda Andalucía hay dos problemas: 1. No se sabe qué caminos son públicos, porque no hay inventarios de caminos, y los que hay no son accesibles para la ciudadanía.

2. Los caminos públicos, con o sin inventario, se cierran impunemente, y los que ya están cerrados desde hace tiempo, no se reabren.

Hace dos semanas nos dieron un nuevo aviso de cierre de camino en Adamuz, ante el cual el ayuntamiento no hace nada, ya que no sabe si el camino es público o no.

Constantemente personas se encuentran con caminos cerrados y no saben dónde recurrir para saber si el camino es público o no. La reacción ciudadana es importante, y da cuenta de la preocupación social: entre el año 2017 y 2018 se han producido 36 protesta por cierres de caminos en Andalucía, abarcando las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba, Cádiz y Málaga.

Muchos propietarios cierran los caminos que discurren por sus fincas, les es más cómodo para su gestión. Pero no respetan lo que es un derecho de todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden, ya que esa actitud queda impune. Habrá casos en que lo hagan por desconocimiento, pero en muchos otros se les advierte y son perfectamente conscientes de que están cerrando una propiedad pública. Pero si nadie les obliga a dejarla abierta, pues prefieren cerrarla. Los ayuntamientos, como no tienen inventarios, ni quieren, en muchos casos, enfrentarse a los propietarios de las fincas, se cruzan de brazos. Aluden a que les faltan medios humanos o dinero para realizar el inventario y para recuperar los caminos. Y otras instituciones, como la Junta de Andalucía o las Diputaciones, pues miran para otro lado, ya que se excusan de que no es competencia suya.

Por los estudios que hemos realizados estimamos que un 80% de los caminos públicos de la Sierra de Córdoba están cerrados al tránsito por propietarios de fincas. En concreto´, en Córdoba capital, de 25 caminos públicos que recoge el inventario en la sierra, están cerrados en algún punto 23, es decir, todos menos 2.

Es necesaria una solución

Hay que darle una solución a esto. Y la solución debe estar en esta ley. Debemos buscar las herramientas para que quede claro cuáles son los caminos públicos de Andalucía, y que ese registro esté disponible (y por tanto también los privados). Esto debería satisfacer a los propietarios de las fincas también, ya que podrían tener sus caminos privados cerrados sin que nadie les discutiera ni fuera a importunarles (que errores en este sentido habrá también de gente que se meta en un camino privado pensando que es público).

Por ello, consideramos fundamental en esta Ley, y que debe mantenerse:

  • La elaboración del catálogo de caminos públicos de Andalucía debe estar garantizada, es fundamental, y este catálogo debe ser fácil de consultar.

  • La recuperación de los caminos públicos debe poder hacerse, y prever la inacción de los ayuntamientos. Es fundamental para ello que se contemple, como se hace en la ley, la posibilidad de la intervención de los ciudadanos, con una recompensa del doble de las costas. Esta posibilidad ya está prevista en la legislación actual, aunque no hay una recompensa, porque se recuperan solo las costas. Se recoge así el espíritu del derecho romano de que los ciudadanos se ocupan de las cosas públicas, cuando las administraciones no se ocupan de ellas (Art. 15.8)

Enmiendas que planteamos

Los caminos públicos sirven para poder moverse, y los motivos para querer moverse pueden ser muy variados. Puede ser para el trabajo agrícola, para trabajos forestales, defensa de incendios, etc… Pero hoy día el interés por el medio natural es enorme, para avistar fauna, reconocer flora, hacer senderismo, ciclismo, equitación, etc… Algunas provincias de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Huelva…) son las que tienen menos terreno público de España, y por tanto para poder salir a la naturaleza es imprescindible contar con los caminos públicos.

Pensamos que el uso recreativo debe ser una prioridad para la ley (no el único), por tanto no entendemos las prioridades que figuran en el  Art. 18. Pensamos que establecer esas prioridades no debería ser el objeto de la ley, pero si se establecen, una de ellas debería ser establecer una red de senderos atractiva para el disfrute de la naturaleza.

Los bienes públicos son de todos los ciudadanos, y el fin de los caminos es la comunicación. Nadie debe tener el derecho de cerrar los caminos en ningún momento. Por ello exigimos la modificación de los artículos 30 y 31, en el sentido a que las limitaciones al tránsito peatonal deberán ser de carácter excepcional y estar debidamente justificadas, y por interés público y no privado, sustituyéndose así el apartado a) de interés social, que no queda claro qué interés puede ser.

El principal peligro de esta ley es qué va a pasar con los caminos mientras que la administración realiza el catálogo y después los Ayuntamientos los aprueban. ¿Van a seguir indefensos? Por ello, queremos que en la ley se incluya que todas las medidas contenidas entran en vigor de forma inmediata para todos aquellos caminos que tengan indicios de ser públicos. Además, y para garantizar que la ley no se va a quedar solo en el papel, creemos que es imprescindible un presupuesto económico real de lo que cuesta el catálogo de caminos. Y eso es mucho más que el medio millón de euros que figura en la memoria económica. Por los costes que han tenido los inventarios de caminos que conocemos, la cifra real se eleva por encima de los 10 millones de euros.

Finalmente queremos expresar que los legisladores tienen una responsabilidad muy grande en estos momentos. Como se ha visto, los caminos públicos no son un patrimonio nuestro, sino que es un legado de siglos, del que ya se ocupaban en época romana, y que nuestros antepasados han ido construyendo con esfuerzo y se constituye en un legado histórico. No podemos dejar que lo que nos han dejado nuestros mayores se pierda, porque tenemos el deber de transmitírselo a nuestros hijos.

 

Propuestas concretas de enmiendas:

Art. 18.5. Eliminación de todo el apartado, o inclusión de la prioridad e) Los caminos de más valor paisajístico y susceptibles de ser utilizados para el senderismo o la observación de la naturaleza

Art. 30. Incluir el apartado 4. La limitación al tránsito peatonal debe ser excepcional y motivada, y siempre por el interés público y no privado.

Art. 31.1 Cambiar el texto por:

Los caminos públicos rurales deben estar permanentemente disponibles para su uso. No

obstante podrán limitarse su tránsito de forma excepcional y motivada por la Administración titular, por los siguientes motivos:

a) por interés público y nunca por interés privado,

b) por la seguridad de personas o bienes,

c) por razones ambientales y/o prevención de incendios forestales.

Memoria económica

No sabemos quién les ha presupuestado el catálogo de caminos. Según las empresas que se dedican a esto, y por las licitaciones que ha habido en los pocos ayuntamientos que tienen inventario, el coste medio por municipio es de 15.000 euros, por lo que el catálogo de toda Andalucía precisaría de una inversión de más de 10 millones de euros, así que el medio millón presupuestado es un insulto a la inteligencia