La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), compuesta por diversas organizaciones senderistas y ambientales, denuncia el cierre sistemático de caminos públicos en todo el Estado español. Queremos que toda la sociedad sea conocedora de esta realidad, que es una vulneración de la Constitución Española (Art. 45) La PICP se ha reunido en el municipio de Constantina (Sevilla) durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, con motivo de sus VII jornadas anuales, donde se ha constatado el aumento del cierre de caminos públicos.
Las organizaciones que componen la PICP son, a día de hoy: A Desalambrar (Córdoba), Amigos de los Caminos (Sevilla), Elbruz (Sevilla), Batolito (Sevilla), Ecologistas en Acción (Ciudad Real), Sociedad Caminera del Real de Manzanares (Madrid), Asociación Trochas Viejas (Salamanca), Asociación de Senderistas de Las Pedroñeras (Cuenca), Ecologistas en Acción (Segovia), y algunas entidades de Portugal y Baleares. Actualmente, debido a la transformación que nuestro territorio está sufriendo, se hace necesaria la defensa activa del patrimonio público y que se alcen voces en el panorama autonómico, nacional e ibérico en defensa y reivindicación de lo que siempre ha pertenecido a todos. Las entidades de la PICP ponen de manifiesto que el cierre de caminos públicos va en aumento y reivindican el uso y disfrute de este bien común, patrimonio de todos. Efectivamente, los caminos y vías pecuarias, que sirvieron a lo largo de siglos como paso de personas y ganadería trashumante y de conexión entre nuestros pueblos, están siendo usurpados por algunos propietarios colindantes. Este hecho constituye una ilegalidad manifiesta que, en la mayoría de casos, queda sin respuesta por parte de las Administraciones, responsables últimas de la custodia de lo público. Y esa es una de las grandes conclusiones de las VII Jornadas de la PICP: la gran mayoría de las denuncias contra el cierre de caminos no prosperan, unas veces por falta de medios de las Administraciones, otras por falta de voluntad, y otras por priorizar los intereses del usurpador frente a los de la sociedad. Y nos preguntamos: ¿Para qué están las administraciones? ¿Sirven para algo en esto de la custodia del patrimonio de todos?. Tras más de 15 años de Leyes de Vías Pecuarias, existen tramos en litigio que siguen cortadas al libre tránsito.
La PICP, tras la celebración de las VII Jornadas de Constantina, se carga de razón en su batalla contra las usurpaciones y en la llamada de atención permanente a las Administraciones. La Plataforma hace extensiva la reivindicación al uso público de los montes públicos y a la servidumbre de paso del Dominio Público Hidráulico (DPH), dentro de la coexistencia con los demás usos.
“Aún estamos a tiempo de preservar este patrimonio público de todos a las generaciones futuras.”
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