Los caminos públicos que hasta hace poco se venían utilizando para el movimiento de personas, ya fuera a pie, carreta o sobre animales, se han ido sustituyendo para ese fin por modernas carreteras. Aquellos antiguos caminos iban quedando en el olvido.
Sin embargo, en las últimas décadas una nueva cultura del ocio ligada a una mayor cercanía con el medio ambiente ha hecho que se despertara de nuevo el interés por estos viejos caminos, que aún subsisten en la memoria de nuestros mayores y en la documentación, y que por ley son de dominio público. 
Esto choca con la propiedad privada de gran parte de la tierra, y con propietarios que no quieren que nada interfiera con su propiedad, o bien porque piensan que pueda perjudicar a su aprovechamiento, especialmente en los grandes cotos de caza mayor, o bien simplemente por un exacerbado sentido de la propiedad. En muchos casos estos propietarios prescinden de toda legalidad y cierran caminos públicos y vías pecuarias.
Los ayuntamientos tienen la obligación de inventariar, proteger y mantener abiertos al uso los caminos públicos de su término municipal.
Pese a tratarse de una obligación legal la gran mayoría de ayuntamientos no la cumple, quedando totalmente desprotegidas estas tradicionales vías de comunicación, lo que facilita que numerosos caminos públicos sean usurpados por los propietarios de las fincas por los que pasan, o bien caigan en el olvido hasta ser intransitables.
En numerosas zonas de España la mayoría de los caminos públicos ya están cerrados, haciendo difícil salir al campo, y perjudicando gravemente la economía de los pueblos, ya que se les hace imposible diseñar una oferta turística vinculada con el disfrute de la naturaleza.
Los reunidos en las VIII Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos en Rascafría (Madrid) exigimos que se cumpla la Ley de Bases del Régimen Local del año 1985, que obliga a los ayuntamientos a tener todos sus bienes, entre ellos los caminos, inventariados, así como defenderlos, conservarlos y tenerlos en uso. Además la nueva Ley de Transparencia también obliga a publicar todos los bienes inmuebles municipales.
Tras más de 30 años desde su aprobación, y dada la comprobada incapacidad de los ayuntamientos para defender sus bienes, no parece que estas instituciones vayan a ser capaces de cumplir esa tarea, y se hace necesaria una legislación a nivel estatal que facilite, y a la vez obligue, a los ayuntamientos a tener sus caminos públicos inventariados y en uso, haciendo que el cierre de un camino no presuponga que el camino sea privado.