- Más de 150 personas recorren en una marcha reivindicativa los caminos públicos cerrados por un terrateniente en el Valle de Manzanedo

- El problema del cierre nuestros caminos afecta a todo el Estado español el acceso a la naturaleza se está convirtiendo en algo imposible, y denuncian también la falta de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas incluso la complicidad con los grandes propietarios en estas prácticas ilegales.

Caminos Usurpados FuenteHumorera

El sábado pasado más de 150 personas participaron en una marcha revindicativa en el Valle de Manzanedo para denunciar el cierre de las vías publícas en esta zona de Burgos y, en concreto, la usurpación por un terrateniente de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco que permanecen vallados.

Diversas organizaciones y activistas integrantes de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se han reunido este fin de semana en Soncillo, Burgos, para denunciar el cierre de los caminos públicos en todo el Estado español.

La PICP ha elegido este año el norte de Burgos para celebrar sus XI Jornadas debido a la ocupación por parte de un terrateniente de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco, que niega el acceso a los caminos públicos, la iglesia y cementerio de estas pedanías en el Valle de Manzanedo.
Por ello, el domingo se llevó a cabo una marcha revindicativa en la que participaron más de 150 personas activistas de las asociaciones contra el cierre caminos públicos, llegadas de todos los puntos de España. Durante la protesta se recorrieron algunos de los caminos que el propietario tiene cerrados durante todo el año y vallados impidiendo el libre paso.

Escoltados por la Guardia Civil, las personas activistas que participaron en la marcha pudieron acceder, ese día, a la zona y comprobar como los dos pueblos están vallados y el cementerio y dos Iglesias (bienes públicos) han sido ocupados por el terrateniente. Una de las asistentes a la marcha, nacida en uno de esos municipios, relató como fue amenazada en una ocasión por los guardas de seguridad que custodian ahora la finca ubicada en Fuente Humorera y le impidieron el paso para visitar la tumba de sus abuelos.

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos denuncia estos hechos y pone de manifiesto que no son cierres puntuales en Andalucía, como el caso recientemente publicado de la Sierra de Grazalema y otros, el cierre de los caminos se repite en todo el país. La PICP está integrada por 17 asociaciones de afectados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid y Euskadi, entre otras comunidades. El problema del cierre nuestros caminos afecta a todo el Estado español. Este año los organizadores del encuentro han sido la asociación Herri Bideak Kate, Barik Elkartea, (Caminos Libres, Cadenas Fuera) afectados en el País Vasco por el mismo problema.

Estas jornadas han contado con técnicos para la elaboración de inventarios de caminos públicos en los Ayuntamientos, alcaldes de municipios del norte de Burgos, abogados de Ecologistas en Acción, representantes del gobierno autonómico de Baleares, donde se está ya tramitanto la primera ley de caminos públicos del Estado español, y representantes del Parlamento de Andalucía donde se acaba de aprobar también una normativa sobre senderos públicos en esta comunidad. Los y las portavoces de las asociaciones en defensa de los caminos han expuesto la problemática de sus territorios, donde el acceso a la naturaleza se está convirtiendo en algo imposible .

 

Las asociaciones contra el cierre de caminos públicos denuncian también la falta de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas incluso la complicidad con los grandes propietarios en estas prácticas ilegales. La PICP solicita a los ayuntamientos la realización de inventarios y ordenanzas de los caminos públicos y actuar de oficio, de forma inmediata cuando un particupar cierra el paso a un camino. Además, se pide la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias en cada Comunidad Autónoma para evitar su usurpación. La PICP recuerda que la ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

El mundo rural se enfrenta a una ocupación sin precedentes de los caminos públicos, vías pecuarias, sendas, montes comunales, etc., por parte de grandes propietarios privados, nuevos ricos, terratenientes y banqueros que usurpan un patrimonio natural y cultural de todos.
El objetivo de estos terratenientes es crear grandes cotos de caza y grandes extensiones terrenos que se vallan y cierran al acceso público en contra de lo que la propia Constitución española dice, en su Artículo 45. Todo esto ante la falta de actuación de las administraciones públicas.

Por ello, desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos se pide a las administraciones y al Gobierno actuar para proteger nuestros caminos y garantizar el disfrute de la naturaleza, el paisaje y bienes culturales y su acceso público para toda la ciudadanía.