La "Operación Chamartín", el proyecto de ampliación del Paseo de la Castellana, afecta a dos vías pecuarias, caminos que deberían ser clasificados como suelo no urbanizable protegido. Pero la Comunidad de Madrid parece dispuesta a regalar los terrenos públicos a la empresa promotora de esta operación, participada por el BBVA y el Grupo San José. Ecologistas en Acción reclama que se recupere el patrimonio pecuario para la ciudadanía.
El proyecto de ampliación del Paseo de la Castellana, desde Chamartín a la M-40, pretende construir 17.000 viviendas, zonas de negocios y comerciales. La operación Chamartín, rebautizada como Castellana Norte, cubre un ámbito de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo y 3,7 kilómetros de longitud, en los que discurren dos vías pecuarias.
Estas vías, el cordel del Camino de la Cuerda y el cordel de la Carretera de Miraflores, son caminos que se utilizaban para trasladar el ganado y en la actualidad deberían estar destinadas al uso público (trashumancia y actividades de ocio). Tal y como marca la normativa sobre vías pecuarias, deberían estar protegidas a nivel regional y estatal.
La gestión de estos caminos es competencia de la Comunidad de Madrid que además es la propietaria del suelo. Tiene obligación de clasificarlas, o sea, determinar exactamente su trazado, anchura y linderos. Sin embargo, la mayor parte de las vías pecuarias del municipio de Madrid no están clasificadas. Es decir, se conoce su existencia y está documentada, pero falta determinar sus características concretas.
Al no estar clasificadas, el Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid renuncia a la recuperación de las dos vías pecuarias que atraviesan los terrenos de la "Operación Chamartín" y permite que se ceda el suelo al promotor. Esta decisión contraviene la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y la ley estatal que obligan a la administración competente a investigar y recuperar la titularidad de estos caminos.
Distrito Castellana Norte Madrid, la empresa promotora formada por el BBVA y la constructora Grupo San José, gana superficie, pero lo que es más importante obtiene mayor edificabilidad (derechos de construcción), que se traduce en más beneficios económicos. Todo ello a costa de que la ciudadanía pierda un patrimonio histórico, cultural y recreativo.
Ecologistas en Acción ha reclamado al promotor que realice un estudio para determinar el trazado exacto y demás características del cordel del Camino de la Cuerda y del cordel de la Carretera de Miraflores y a la Comunidad de Madrid que cumpla con su obligación y recupere un patrimonio pecuario que pertenece al común de la ciudadanía
Fuente: Ecologistas en Acción