La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) cuenta con 52 marchas reivindicativas convocadas por centenares de clubes deportivos, organizaciones y ayuntamientos en toda España este 17 de marzo con motivo del IV Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos para defender un uso público sostenible social y ambiental frente a la usurpación del dominio público viario y actuaciones privativas excluyentes
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) celebra este 17 de marzo la cuarta edición del 'Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos' junto a Ecologistas en Acción y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) con más de medio centenar de acciones convocadas por colectivos locales a lo largo de toda España con el propósito de concienciar sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos, y la necesidad de su catalogación, defensa y conservación.
En el marco de las acciones se hará lectura de un manifiesto donde exigen a las administraciones que garanticen el uso público sostenible social y ambiental frente a usurpaciones del dominio público viario y las actuaciones que sólo buscan un uso privativo excluyente. Reclaman que no se permita ni se conceda el derecho a la caza en las vías y caminos de uso públicos, senderos y vías pecuarias, como se está tramitando por parte del Gobierno de Castilla La Mancha.
"Estas vías y caminos de dominio público son zonas no cinegéticas, zonas de seguridad, en las que no está permitida esta actividad para garantizar su uso público y seguro", detallan los convocantes. "En ningún caso se puede conceder el derecho a la caza en estos espacios, dado que resulta abusivo que esta actividad que apenas practica un 1,4% de la población, según datos estadísticos, haga un uso excluyente y privativo del 87% de territorio y pretenda además utilizar espacios públicos de uso público como el patrimonio caminero", insisten.
USURPACIÓN Y ABANDONO DEL PATRIMONIO CAMINERO Y OMISIÓN DE OBLIGACIONES
Centenares de organizaciones defensoras de los caminos públicos y las vías pecuarias, conservacionistas, senderistas, ciclistas, asociaciones de vecinos e incluso administraciones participan de esta jornada reivindicativa que en 2024 alcanza su cuarta edición. Señalan las situaciones de usurpación y abandono de las vías pecuarias, de competencia de las comunidades autónomas, y de los caminos públicos municipales o vecinales, de titularidad municipal, y recuerdan la obligación de las administraciones de garantizar el libre tránsito y el mantenimiento en óptimas condiciones de este patrimonio.
Las vías pecuarias discurren a lo largo de unos 125 mil kilómetros por la geografía española y ocupan unas 450.000 hectáreas, el 1% del territorio. Con sus infraestructuras anejas como abrevaderos, descansaderos, majadas, están destinadas de forma prioritaria a su uso ganadero. Tienen también una función básica como corredores ecológicos para articular y conectar las grandes zonas de importancia para la biodiversidad. Especialmente en zonas tensionadas por macroplantas de energía fotovoltaica o desarrollos industriales y urbanísticos.
Los Caminos públicos y senderos de uso público, de titularidad municipal, suponen un patrimonio aún mayor, estando muchos de ellos señalizados para rutas saludables, deportivas, de ocio y medioambientales. Si bien, los ayuntamientos vienen obviando la obligación de realizar el Inventario de Caminos Públicos, su catalogación y una gestión eficiente que señalice estas rutas saludables, deportivas, de ocio o medioambientales para garantizar los aprovechamientos y usos al conjunto de la sociedad.
PERSEGUIR LA USURPACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
Al Gobierno central reclaman respecto a vías pecuarias y caminos públicos que actualice la regulación hipotecaria para impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de bienes de dominio público, que ejerza las funciones de salvaguarda de los derechos constitucionales a la libre circulación y al acceso al medio ambiente, a través de los caminos públicos, senderos de uso público y vías pecuarias. También que preserve este patrimonio como zonas no cinegéticas, endureciendo además el régimen sancionador de la usurpación, para que la apropiación indebida de lo que es de todos deje de ser gratis.
Por último, plantean que se establezca una normativa para los responsables públicos cumplan sus obligaciones respecto a estos bienes públicos acabando con la dejación de funciones que hace que las autoridades obvien el cumplimiento de la legislación y la obligación de perseguir atentados contra el patrimonio caminero y usurpaciones.